Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el impacto de la pandemia en el mercado laboral y la pérdida de ingresos asociada, llevará a la pobreza a 28.7 millones de personas en América Latina, lo que significa que el nuevo total de pobres en la región será de 214.74 millones de personas, los cuales representan un 34.7% de la población total.
Durante años hemos escuchado a los defensores del modelo económico actual, alabar la reducción de pobreza que estaba enfocado en la pobreza monetaria, vale decir, respecto a sus ingresos, pero no en la satisfacción de sus necesidades básicas. El Banco Mundial divide a la sociedad en pobres, no pobres vulnerables y no pobres consolidados. Los no pobres vulnerables son lo que, en un shock fuerte de oferta, de demanda o financiero, caen rápidamente en la pobreza.
Es un momento de mucha incertidumbre que afecta a todo el sistema económico y sus estragos pueden ser más letales que el coronavirus. Nos vemos obligados a coexistir con la enfermedad, porque no se vislumbra una vacuna en el corto plazo, en un contexto donde se ha perdido la confianza entre los agentes económicos: familia, empresa y Estado. Urge la necesidad de tomar acciones inmediatas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los ingresos laborales son 2 veces mayores en el sector urbano; persisten también brechas amplias en la calidad del empleo, medidas en términos de beneficios de seguridad social (asociados al empleo). El derecho a una pensión contributiva cubre apenas un 20% de los trabajadores del sector rural en contraste al 50% de trabajadores del sector urbano que sí está cubierto.
La informalidad representa 71% de la Población Económicamente Activa, aproximadamente 12 millones de personas. Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la gran mayoría de estos trabajadores no disponen de ahorros suficientes para enfrentar la crisis, que a la vez ha revelado que no conocemos quiénes son los informales, dónde están, cómo viven, cuánto ganan, si tienen agua, luz, etc. convirtiéndolo en un sector altamente vulnerable.
Las condiciones de hacinamiento que en el Perú ascienden a 2.5 millones de hogares, lo que dificulta mantener la distancia social en su propia casa; y, la falta de acceso al agua y saneamiento que sufren más de 3 millones de peruanos (ambos datos según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) más la imposibilidad de trabajar desde el domicilio de algunos sectores desmienten las versiones que afirman que la pandemia afecta a todos por igual, todo lo contrario, tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población que poseen una limitada capacidad de respuesta.
Como consecuencia de la pandemia el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que este año el nivel de pobreza en el Perú aumentaría de 20.2% a 27.4% (2.4 millones de personas caerían en la pobreza), y el número de trabajadores adecuadamente empleados registró una caída del 54%. Esto significó que se destruyeron más de 1.6 millones de trabajos formales. Solo en Lima Metropolitana, más de 2.3 millones de trabajadores han pasado a ser desempleados.
Se han agudizado las dificultades para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, siendo más afectado el sector pobre y vulnerable. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia.
Se necesita la implementación de un verdadero bono universal para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, satisfacer necesidades básicas, sostener el consumo de los hogares, estimular la producción, y regresando una parte al Estado a través de impuestos, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Implementando una focalización inversa, excluyendo a quienes están en planilla y tienen rentas (datos que tiene el Ministerio de Trabajo y la Sunat) entregando el bono a todo ciudadano con el documento nacional de identidad.
La actividad económica funciona de la siguiente manera: En el circuito se relacionan las familias (como proveedoras de mano de obra y consumidores) con el sector empresarial (como solicitantes de mano de obra y proveedores de bienes y servicios). No todo el ingreso que reciben las familias regresa directamente a las empresas en forma de demanda de producción. Hay dos flujos que salen del sector familias además de los gastos de consumo: el flujo de ahorro y el flujo de los pagos de impuestos. Una crisis puede impactar en alguno de estos sectores y se puede propagar si es que uno de ellos no está funcionando correctamente.
Las medidas de impulso de demanda en la fase de recuperación son fundamentales, la crisis financiera internacional de 2008 mostró la importancia del gasto público social contracíclico. Es necesario restablecer el poder adquisitivo de la población. Por citar un ejemplo, en EE. UU. el seguro de desempleo compensa el 80% del salario.
Se han demostrado las limitaciones estructurales del modelo económico, reflejado en su ineficiencia para garantizar la protección de la población. Estamos en el derecho de exigir un acceso universal a la protección social asegurando a la vez la inclusión a un sistema de salud público de calidad.
Maydo Carrasco Pereda
HETERODOXIA 
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