La pandemia ha resaltado nuestra precarización como Estado y la agudización de las contradicciones del sistema económico. Nuestra terrible realidad no se debe solo a la ineficiencia de nuestra clase dirigente. Este fracaso tiene como actor protagónico a nuestra estructura económica.
La pandemia ha destapado sus consecuencias naturales, la generación de monopolios, la centralización del país, y la exclusión de nuestra zona rural. Solo por citar unos ejemplos, hemos sido testigos de cómo la producción de oxígeno para el Ministerio de Salud, EsSalud y Gobiernos Regionales están concentrados en dos empresas extranjeras Linde (Alemania) y Air Products (EEUU); en el rubro farmacéutico, un solo grupo económico, tiene más del 83% de participación en el mercado peruano, ejerciendo una posición de dominio y teniendo como integrantes a empresas que fueron multadas por Indecopi con casi 9 millones de soles por ejercer malas prácticas comerciales concertando precios en diversos medicamentos, atentando contra el consumidor.
La centralización es un lastre que arrastra el país desde siglos, Mariátegui menciona: “este Perú costeño, heredero de España y de la conquista, domina desde Lima todo el país”. Ocasiona que los problemas se vuelvan nacionales cuando la costa es afectada; recordemos los diversos desastres naturales, en especial el último fenómeno del Niño Costero; el norte que aún no ha sido reconstruido, quedó destrozado al igual que nuestra agricultura, pero bastaron tres días de desabastecimiento de agua en Lima, y que afecte las ganancias de las empresas agroindustriales, para que capte la atención del gobierno y se tomen medidas a nivel nacional. Sin retroceder mucho en el tiempo, hace semanas que las personas se mueren por no tener oxígeno en Iquitos, pero fue suficiente tener colas en Lima y elevación de precios, para que puedan emitir un decreto.
Este centralismo genera la exclusión de nuestra zona rural sometiéndola a la pobreza; la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura refleja las brechas entre nuestro sector urbano y rural. Los ingresos laborales son 2 veces mayores en el sector urbano que en el sector rural, persisten brechas amplias en la calidad del empleo, medidas en términos de beneficios de seguridad social (asociados al empleo). El derecho a una pensión contributiva cubre apenas un 20% y 50% de los trabajadores. La tasa de informalidad es 50% en el sector urbano, pero 80% en el sector rural. El INEI determina que nuestro sector rural tiene 42.1% de pobreza en comparación de 14.1% en zona urbana.
El Estado Peruano no solo carece de presencia en nuestra economía, también tiene políticas ineficientes, una clase política oportunista y decepcionante. En la actualidad según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las políticas impositivas y de gasto público en América Latina y El Caribe contribuyen poco a reducir la desigualdad de ingresos en comparación con los países avanzados.
Mientras en la región, las políticas impositivas y de gasto público reducen la desigualdad alrededor de un 5%, en las economías avanzadas, la reducción es de un 38%. Los errores, el fraude y la corrupción reducen la eficiencia económica del gasto público.
En Perú, las ineficiencias técnicas en adquisiciones, salarios y subsidios representan el 2.5% del PBI que ascienden a más de 5 mil millones de dólares. Las adquisiciones representan casi el 40% del gasto público y constituyen un imán para la ineficiencia en la gestión y para la corrupción.
El Estado tiene mayor grado de responsabilidad, el sistema económico por esencia tiende a polarizar la riqueza, como lo menciona Piketty: “nada tiene que ver con una imperfección del mercado; muy por el contrario: mientras más “perfecto” sea el mercado del capital, más posibilidades tiene de cumplirse la desigualdad”; sin embargo, quien tiene la responsabilidad de emancipar a cada uno de nosotros generando una mayor justicia social es el Estado, pero hemos visto que su pasividad e inacción lo ha hecho cómplice de las diferencias sociales existentes y el mantenimiento de profundas contradicciones que sólo favorece a un sector dominante.
Todas las diversas posturas que puedan existir, que no tomen en cuenta la estructura económica, ocultan la esencia fundamental del problema, el cual no puede ser resumido de forma simplista, en las condiciones culturales y morales de la población que ha sido motivado por la minimización del Estado, o culpar solo a la superestructura jurídica que se ha abocado en mantener y salvar un modelo que viene fracasando en todo el mundo. El eje central se materializa en el sistema económico.
Mientras el crecimiento no produzca un desarrollo como país, será un progreso ficticio; la solución a nuestros problemas tiene que ser fabricada por nosotros mismos, pero no de forma dispersa sino dentro de las estructuras de un partido que busque una solución social, y apueste por un país más justo sin ningún tipo de discriminación y exclusión.
Tendríamos un país más justo, más humano, donde la salud y la educación no sea un privilegio, no se trata de quitar a nadie lo que con derecho, sacrificio y justa razón ha generado, se trata de generar las mismas oportunidades para el crecimiento personal donde la satisfacción de necesidades básicas no sea un limitante.
A 90 años de su paso a la eternidad, la obra de José Carlos Mariátegui sigue vigente. Mientras existan diferencias sociales, un centralismo que excluya las diferentes regiones, el hombre no sea liberado a través de la educación y mientras el pobre no sea redimido, las obras del Amauta serán una invitación al análisis crítico y a la acción para ser actores de cambio hacia un país más justo.
Maydo Carrasco Pereda
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