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Foto: RPP

En plena pandemia del COVID-19, nuestro actual modelo ha evidenciado su ineficiencia para combatir la crisis, desde la insostenibilidad del aparato económico, hasta la imposibilidad de hacer efectivos los derechos de los trabajadores.

Hoy, la gran crisis del coronavirus requiere decisiones que, esencialmente, favorezcan a las mayorías. Este no es el caso particular del Perú, en el que el gobierno de Martin Vizcarra ha emitido una serie de medidas que, lejos de avalar a la clase trabajadora, beneficia únicamente a los grandes empresarios.

La suspensión perfecta, la reducción de remuneraciones o la flexibilización de los despidos son la manifestación del poder de un grupo de grandes empresas que materializan sus intereses a través de las decisiones del aparato estatal. Estas medidas quebrantan la estabilidad laboral, el proyecto de vida, las condiciones socioeconómicas y agudizan la pobreza de las clases más desamparadas.

El gobierno no ha cumplido cabalmente los principios de los que se funda el poder por el cual ha sido investido mediante el voto popular; más aún, este deriva en una malformación de poder en favor de unos cuantos. Todo lo que toca el poder fáctico lo deforma. Los intereses populares, sus demandas y pretensiones, son desvirtuados para sostener los intereses privados de unos pocos, como si esto se tratase de un destino erigido por la providencia difícilmente de cambiar.

En esta crisis no hay soluciones para las grandes mayorías, más aún, existen y existirán en la historia de la República batallones de soldados e intelectuales orgánicos dispuestos a embestir contra aquellos que procuren denunciar al estado de poder económico en aras del bien colectivo, como el de resistirse a aprobar las propuestas del impuesto a las grandes fortunas o el bono universal.

Lo que nos depara el futuro después de la crisis son dos situaciones eventuales: que el sistema económico se profundice hasta el punto de eliminar todo rastro de culpa, o que el propio sistema se humanice al punto de destruir las esferas de corrupción e inmoralidad privada, que tanto daño nos ha causado, para dar nacimiento a un país más justo, solidario y humano.

Merecemos un sistema económico consistente en el que se garanticen los derechos de los trabajadores ante cualquier eventual crisis, y en la que las grandes mayorías puedan gozar armónicamente del fruto de su trabajo a través del respaldo de los poderes públicos que elegimos constantemente como acto democrático, apartando de su vientre los intereses particulares que dañan la esencia de nuestra nación.

Por José Ramírez Mendives