
Una de las barreras principales de acceso a los servicios de salud ha sido la falta de dinero por parte de las personas dolientes. Generalmente, una condición de salud sobreviene y no estamos preparados para ese momento o de un momento a otro, nos encontramos con una enfermedad crónica y las familias deben enfrentar esta condición haciendo uso de sus frágiles economías.
La idea del modelo neoliberal ha sido que las personas estemos en un mecanismo de aseguramiento y este nos protegerá financieramente frente a esta contingencia sanitaria que padecemos. Para ello, existen el Seguro Social de Salud (ESSALUD), los seguros de las sanidades, los seguros privados y para los pobres y pobres extremos el Seguro Integral de Salud (SIS).
El problema es que los seguros privados te protegerán en función al plan contratado, este será extenso o corto dependiendo de la prima que estés en condiciones de pagar. Si tu condición de salud no está en el plan, el costo tendrá que ser asumido por tu bolsillo (Economía familiar o personal) y, en caso, tu condición sea una enfermedad de alto costo, simplemente el seguro no te protegerá o si es una condición nueva como el COVID 19, tampoco tendrás atenciones, al no figurar está en el plan contratado.
En el caso de ESSALUD, el derecho a la cobertura es universal, el problema es que sus recursos son escasos, recibe de 9% a menos por cada trabajador. Por lo tanto, la oferta efectiva de servicios es sobrepasada por las necesidades de cerca de 11 millones de asegurados. Gran parte de ellos tiene que comprometer los recursos propios y de sus familias para atender sus enfermedades además de enfrentarse a embalses quirúrgicos, diferimiento de las citas médicas, no acceso oportuno a las pruebas diagnósticas, desabastecimiento de insumos, medicamentos y falta de personal. Esta crisis es generada por el Estado, al igual que en los seguros de las sanidades, por no tener los servicios y recursos para atender las dolencias a tiempo, las personas deben enfrentarse a la muerte.
El SIS nació para proteger a los más vulnerables, tiene poco menos de 2 mil millones de soles de presupuesto anual y está destinado a proteger a 18 millones de personas. Con esos recursos no puede cumplir con sus obligaciones legales de darles cuando menos el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) a todos sus asegurados y menos el Plan Complementario a los 10 millones de asegurados pobres o pobres extremos. Como resultado el asegurado del SIS se convierte en un consumidor de las farmacias, de las pruebas diagnósticas e intervenciones de los servicios alrededor de los hospitales, terminando de quebrar sus frágiles economías o esperando la muerte por falta de recursos.
Este es el modelo de aseguramiento universal en salud que nos ofrece el neoliberalismo y que continúa el Gobierno de Vizcarra, sin protección financiera efectiva a los ciudadanos. Si seguimos esa ruta continuaremos viendo como miles de ciudadanos se mueren por falta de atención. Este camino, que han construido los que creen que la salud es un bien en el mercado, pone por delante los intereses de las aseguradoras, de la industria farmacéutica, de las corporaciones financieras que medran en medio de un Estado ineficiente con clara orientación a favorecer los negocios antes que la salud.
Por ello, la tarea que nos debemos imponer es la construcción de un Sistema Único de Salud para la garantía del acceso universal, integral, gratuito y digno a la salud. Construir un sistema de estas características significa dotarle a la salud más del 6% del Producto Bruto Interno de gasto público en salud y eliminar el gasto de bolsillo. Ningún límite para el acceso a los servicios de salud, estos deben responder a las necesidades de las personas. Por ello, la salud no debe verse solo como el tratamiento de los daños a la salud sino enfocarse con acciones que afecten las determinantes sociales, políticas, económicas y culturales que desencadenan la injusticia y la desigualdad, ocasionando la frecuencia de condiciones que enferman a las personas.
La construcción del sistema debe tener en cuenta la sostenibilidad del mismo, por ello debemos reconocer que es imposible luchar por la vida y la salud sino logramos elevar la presión tributaria de 14.3% del 2019 a cerca de 23% como el promedio latinoamericano. También debemos lograr reducir los costos de los insumos desarrollando una industria sanitaria nacional, tecnología y medicamentos. Es inaceptable que estemos pagando tan altos precios.
Unificar los diferentes subsistemas que hacen ineficiente la respuesta sanitaria a los problemas de las personas. Concentrémonos en fortalecer desde el primer nivel, las redes integradas de salud del conjunto del sistema, fusionándolos y articulándolos a las instancias de gobierno territorial con claro protagonismo ciudadano, como expresión del poder local, en el marco de políticas de desarrollo local que atiendan desde el territorio las necesidades del buen vivir, fortaleciendo los espacios públicos, generando condiciones para viviendas dignas, alimentación saludable, actividad física, empleo digno con acceso a servicios de agua, salud y educación de calidad.
En suma, la construcción de un Sistema Único de Salud es posible en el marco de la Reforma del Estado que privilegie al ser humano y que tenga a la justicia social como horizonte. Responder a las necesidades de las personas es un reto democrático que debemos asumir, en el marco de fortalecer el poder de los ciudadanos, construyendo una hegemonía que da pase a los sentidos comunes de solidaridad, justicia e igualdad, alternativos al sentido común neoliberal del individualismo y el sálvese quien pueda. Utilizar las reglas del libre mercado (mercantilismo, más propiamente) en la atención de las necesidades básicas es una irresponsabilidad que hemos cometido y debemos rectificar en camino a la construcción de la Nueva República en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú.
Por Mario Rios Barrientos
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