HETERODOXIA

El hospital limeño, desde la colonia, se ha caracterizado por dos cosas: estar en el centro de la ciudad y tener un carácter profundamente excluyente. Los hospitales eran regentados en muchos casos por órdenes religiosas, las cuales volcaban sus preceptos sobre el funcionamiento de la sociedad y del mundo en la atención de los enfermos.  Como sabemos, la colonia estuvo caracterizada por ser una sociedad racista, patriarcal y clasista. De allí que los hospitales se dividían de acuerdo a si eras español, indígena, afrodescendiente o mujer u hombre. Los hospitales también se ubicaban todos en la metrópoli, incluso hasta el siglo XX, se ubicaban cerca a instituciones educativas o religiosas y estaban en el centro de la vida cotidiana de las personas, al acceso de todos los vecinos de la ciudad.

Hoy muchos de los hospitales de la ciudad se encuentran en los distritos más céntricos de la ciudad. Algunos otros en distritos populosos para cubrir la demanda de los vecinos de esas zonas, en los llamados “conos”. Sin embargo, los distritos más céntricos y, sobre todo, Cercado de Lima concentran la mayor cantidad de hospitales de Lima. Desde la fundación de la ciudad, Cercado de Lima es el distrito que alberga los hospitales públicos más antiguos, emblemáticos y populosos de nuestra capital. Migrantes, sus hijos y nietos se han atendido por lo menos una vez en esos hospitales al igual que muchos otros limeños.

Esta situación es muy distinta a la de las cadenas de grandes clínicas privadas en la ciudad. Ellas se ubican en los distritos más alejados del centro de la ciudad y se han construido hace relativamente poco tiempo en comparación a los hospitales públicos del centro de la ciudad. El acceso a ellas está delimitado por diferencias en la geografía urbana de la ciudad. En las zonas que se ubican no se encuentran muchas instituciones públicas representantes de los poderes del Estado y en los alrededores se encuentran los distritos residenciales más pudientes de la ciudad así como centros educativos privados y centros comerciales de productos suntuarios. ¿Es casualidad estas diferencias?

Quizá la explicación a ello se deba a la explosión demográfica y al colapso de nuestro Estado frente a las migraciones del campo a la ciudad. El centro de Lima, que antiguamente había concentrado a todas las clases sociales de la capital, se vio desbordado a nivel institucional y social y terminó de acelerar el proceso de urbanización del valle de Lima y la aparición de los distritos más ricos de la ciudad. El centro de la ciudad fue tomado por cientos de miles de trabajadores que habían migrado del campo a la ciudad para realizar actividades productivas ambulatorias más que todo y las instituciones estatales colapsaron al no poder incluirlos dentro de los proyectos económicos, sociales y urbanos que se daban en los poderes del Estado. Hubo una clara diferenciación entonces entre la Lima Central y la Lima Conurbana, en términos de Rolando Arellano en “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe” (2010)

La Lima central entonces se convertiría en un espacio que a nivel representativo y fáctico sería expresión del colapso del Estado y de la ruptura de la conexión entre las instituciones y la población limeña. Los otros sectores de la ciudad, concentraron bolsones de poder económico (como el centro financiero de San Isidro) y serían la residencia de los sectores pudientes de la ciudad y del país. Así, los hospitales públicos del centro, así como todo el aparato estatal limeño, entrarían en crisis desde aproximadamente los años ochenta, situación que dura hasta nuestros días.

¿Cuál es la situación del hospital público en el centro de nuestra ciudad? Desde los años ochenta se podría decir que el hospital público es producto de la crisis del Estado y de la sociedad producto de las deficiencias del modelo económico y político. La falta de presupuesto, la ineficiencia del aparato administrativo de los hospitales y la corrupción han sido consecuencias de sucesivos modelos políticos que han priorizado tanto los privilegios de un grupo político gobernante como los de una élite económica que sistemáticamente ha minado el alcance y eficiencia del Estado en la administración de los hospitales. Así como en la colonia, la mentalidad estamental del mundo y las jerarquías sociales características del antiguo régimen fueron las que originaron las desigualdades sociales en la atención médica y el oscurantismo científico en el que vivieron los doctores de la época, hoy, nuestro sistema político actual también está perpetuando una serie de factores que hacen que los hospitales públicos del centro de la ciudad, y del país entero, tengan un carácter marcadamente excluyente y que, en algunos casos, se recuerde cierta “herencia” colonial ya vivida.

Christina Ewig en “Neoliberalismo de la segunda ola. Género, raza y reforma del sector salud en el Perú” (2012) nos plantea que las reformas de corte neoliberal del gobierno de Fujimori provocó una estratificación más compleja en el sector de la salud pública en el Perú y trajo más inequidades sociales en los hospitales públicos. Desde el primer gobierno de Alan García, los gobernantes habrían optado por cooptar tanto los hospitales públicos del Ministerio de Salud como los del Seguro Social en tanto que los podían usar políticamente: mientras que unos, como Fujimori, privilegiaban el Seguro Social para cooptar una gran masa de trabajadores, otros podían hacerlo con el Ministerio de Salud para acercarse a sectores más vulnerables como los trabajadores llamados “informales”. Así, las reformas de privatizaciones no solo se dieron por la gran influencia ideológica de las propuestas del FMI y las “comunidades epistémicas internacionales”, clasificación usada por Ewig para referirse a grupos politizados neoliberales científicos y productores de proyectos de gestión pública, sino también a tácticas políticas de gobernantes de turno para resistir los embates de cierta masa de trabajadores públicos de salud que eventualmente podrían decisiones políticas sujetas a sus intereses y a los de las élites económicas interesadas en la privatización del sector salud. Las consecuencias de ello aún son visibles: según el informe de la Contraloría General de la República, “Por una salud de calidad 2019”, los 248 hospitales visitados solo destinaron el 1% de sus presupuestos para el mantenimiento de los mismos. Este informe comprobó que entre 2017 y 2018 que estos hospitales destinaron menos de la mitad de sus presupuestos a gastos en servicios, bienes y mantenimientos.

De allí que los hospitales públicos en el país y, sobre todo, en el centro de la ciudad tengan el estado ruinoso que tienen a simple vista. Una inspección superficial de esos hospitales revela que la infraestructura de estos hospitales necesita un mantenimiento debido a la antigüedad de estos. Hospitales construidos en el siglo XIX o a principios del siglo XX presentan hoy rajaduras en sus techos y paredes lo que podrían poner en grave peligro a los pacientes y personal del hospital. Las interminables colas por atención médica, por suministro de medicamentos y por citaciones para cirugías mayores han generado una gran desconfianza en la población al punto que el surgimiento de la gran cantidad de clínicas y consultorios privados de segunda categoría en los conos de la ciudad podría explicarse por ello.

A ello se suma que el sistema de seguridad social universal aún no existe en el país. Mientras que un trabajador en planilla puede atenderse en hospital público del Seguro Social, un trabajador informal deberá tramitar su afiliación al SIS para que pueda ser atendido gratuitamente. El derecho a la salud es aún un derecho sujeto a la divisiones políticas entre el MINSA y el Seguro Social, ambos sistemas de salud cooptados por partidos del gobierno o partido de oposición. No es desconocido el acaparamiento sindical y administrativo del APRA en el MINSA y sus respectivos hospitales públicos. Hospitales como el Arzobispo Loayza, Maternidad de Lima y Dos de Mayo tienen una fuerte presencia del APRA en sus sindicatos de enfermeras, doctores y trabajadores de salud desde el primer gobierno de Alan García. Incluso la presencia del APRA ha llegado al Seguro Social en hospitales como el Guillermo Almenara o Alberto Sabogal. Esta división institucional y política del MINSA y Seguro Social, que hace recordar a las tácticas de cooptación de la clase obrera alemana en el siglo XIX por parte del famoso canciller Otto von Bismarck, ha traído como resultado un amplio margen de espacio para toda clase de dinámicas de corrupción en estas dos instituciones. La falta de homogenización de procedimientos en las compras y contratos de los hospitales con empresas privadas, la total independencia institucional de los hospitales públicos del MINSA en sus regímenes de administración interna, han traído consecuencias nefastas como la de formación de camarillas de doctores adeptos a partidos políticos y una gran tasa de corrupción en las compras mediante órdenes de compra directas y procesos públicos. ¿Qué significa todo esto para población? Que los hospitales públicos, como los del centro de la ciudad, sean centros de salud precarios, que ofrecen un pésimo servicio de salud para los más necesitados y que genera que no dinamicen los alrededores donde se erigen y perpetúen un circulo de precariedad que genera divisiones socioeconómicas, marcas entre los “hospitales del centro de Lima” y las clínicas privadas de los distritos mesocráticos o ricos de la ciudad. Estos hospitales públicos se ubican en sectores marginales, irónicamente ubicados en el centro de la ciudad (en el que debería ser el espacio más democrático de la metrópoli al ser el centro de confluencia de todos los distritos y avenidas), alimentando una lógica de ghetto que a largo plazo puede generar severas fisuras en el tejido social de la ciudad y del país.

Hace unas semanas, la aparición de una millonaria orden de compra del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del Ministerio de Salud en la que se compraba mascarillas para combatir la epidemia del COVID-19 fue noticia en la prensa y en cierto sector del gobierno. Las mascarillas compradas a sobreprecio habían sido destinadas a los hospitales del MINSA y la orden de compra se habría dado directamente a un proveedor tras un brevísimo estudio de mercado y sin proceso público alguno…

Las consecuencias de décadas de precariedad de nuestro sistema público de salud pueden ser mortales para la población durante esta epidemia. Los hospitales públicos del centro de la ciudad carecen en su totalidad de sistemas desarrollados de Unidades de Cuidados Intensivos y de equipamiento y dispositivos suficientes para atender una eventual oleada de contagiados por el COVID-19. La gran separación política del MINSA y del Seguro Social puede generar que durante esta epidemia se vuelvan insostenibles las tensiones entre los sindicatos de cada institución, los cuerpos administrativos de ellas y el gobierno. Hace poco hemos visto el encarcelamiento del secretario general del sindicato de trabajadores del Seguro Social por denunciar la falta de profesionalismo en las decisiones estatales del gobierno frente a la epidemia, por ejemplo, y en Trujillo y en el distrito de Ate, enfermeras del MINSA y el Seguro Social advierten que entraran en paro si es que no se le otorga los bienes necesarios para su protección. La falta de un ente centralizado y democrático de salud puede seguir generando tensiones sociales entre los funcionarios de salud y el gobierno que solo van a traer más caos y divisiones a la situación en la que estamos. De la misma manera, la falta de ente regulador central que oriente y fiscalice las contrataciones del Estado en el sector salud va a dar carta blanca a que camarillas de malos funcionarios de la salud siguen protegiendo intereses de grandes o medianas compañías proveedoras sin importar el sobrecosto al que podría estar un eventual contrato. Las reformas de salud de Fujimori, influenciadas  por el neoliberalismo anglosajón  (capitalismo salvaje) pueden verse en crisis o pueden verse como las únicas salidas a restaurar dentro de una lógica de concentración de capitales: cadenas de grandes clínicas, grupos de importadores y distribuidores de material médico y aseguradoras pueden ver la crisis del COVID-19 para posicionarse en el mercado de la salud y de las ventas corporativas hacia el Estado al esperar que las MYPES entren en decadencia debido al paro de actividades de producción por la cuarentena y por la post cuarentena.

Finalmente, todo indica que el sistema de salud y los hospitales públicos, como los del centro de la ciudad, pueden colapsar en poco tiempo. Y así, como en la colonia, las poblaciones más vulnerables (trabajadores, informales, indígenas, minorías) serán las más afectadas y segregadas. La pobreza en la que subsisten esos hospitales y una posible aparición de estigmas sociales hacia los enfermos de coronavirus (los estigmas sociales son una de las principales características de las epidemias en la historia) pueden hacer que en el centro de la ciudad cobre la ilusión de ser un espacio marginal de la ciudad, si tomamos en cuenta que Cercado de Lima es la segundo distrito con más contaminados por COVID-19 en la ciudad. Con este sistema de salud, con nuestros hospitales en la miseria en la que funcionan y con nuestra cultura política tan clasista y potencialmente discriminatoria no nos espera un futuro prometedor sin un cambio radical urgente.

Por Natividad Pomajambo