HETERODOXIA

El Gobierno de Martín Vizcarra ha sabido mantener una alta aceptación en las encuestas. Sin embargo, ese logro del cual puede jactarse no se ajusta a todos los escenarios del país. Un espacio donde se puede apreciar claramente el mal manejo político de la situación y el elevado descontento popular es el Corredor Minero del Sur. A cien años del reconocimiento oficial de las comunidades campesinas por parte del Estado, en este espacio se puede apreciar claramente que el Gobierno no las incorporara en su agenda de políticas, no sabe cómo lidiar con ellas y criminaliza sus protestas, por lo que el Estado se ha vuelto un actor que no representa a los comuneros y que es percibido como aliado de los capitales extranjeros frente a los actores locales.

Durante el mes de enero de este año, solo algunos medios recordaron que se cumplían cien años del reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución Política del Perú (Noticias SER, 2020). Más lamentable resulta el hecho de que hasta el día de hoy el Gobierno no haya cumplido con garantizar derechos que ya en esa época se discutían. Es más, durante la expansión del neoliberalismo en los años noventa, y hasta la actualidad, se podría afirmar que el Gobierno central ha buscado la desaparición de la propiedad comunal, así como de esta forma de organización, bajo el argumento de que la mejor manera de alcanzar eficiencia es circular en el mercado libremente los distintos recursos que estas poseen (Urrutia, Remy y Burneo, 2019: 30)

La discusión sobre las comunidades campesinas resulta importante, entre otras razones, debido a la cantidad de ellas que se encuentran a lo largo del territorio conocido como Corredor Minero del Sur. Este es un espacio estratégico para el Estado, dado que aglutina proyectos mineros importantes, como Tintaya-Antapaccay (Espinar, Cusco), Constancia (Chumbivilcas, Cusco), Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), entre otros. En el Corredor Minero, el cual conecta estos proyectos con el puerto de Matarani (Arequipa), se busca incluso ampliar la cartera de proyectos en los próximos años por un valor que supera los 17 mil millones de dólares (Proactivo, 2019).

En este escenario, las tensiones y conflictos entre las empresas y las comunidades aledañas, ubicadas en espacios de influencia directa e indirecta de la actividad minera, siguen siendo frecuentes. Los problemas vienen de mucho tiempo atrás, pero, según la Defensoría del Pueblo, durante este año incluso se han incrementado. La Defensoría, para enero de este año, registra 191 conflictos sociales a lo largo del país, de los cuales el 67.5% tienen un carácter socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2020: 8). Según este mismo informe, los conflictos en Chumbivilcas y Espinar, vinculados a los proyectos mineros mencionados anteriormente, se encuentran activos (Defensoría del Pueblo, 2020: 10).

Los reclamos son diversos: contaminación, daño causado por el polvo de los camiones que transitan por el Corredor, perjuicios a los cultivos, agua, vulneración de derechos, consulta previa, etc. El Estado, ante un inminente conflicto, o cuando este ya ocurre, suele responder con mesas de diálogo y promesas que a veces son incumplidas. La práctica parece ser siempre la misma: esperar que el conflicto surja, mandar a alguien para que vea qué es lo que quieren (las comunidades), decirles que el diálogo es la solución y prometer alguna mejora… esperar a que vuelva a surgir el conflicto. Los hechos demuestran que no existe una estrategia clara para manejar la situación. Incluso, esta falta de claridad ha llevado al Gobierno a cometer ciertas torpezas. Un ejemplo de esto es el decreto de urgencia para autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar expropiaciones en el Corredor Minero, decreto que en 48 horas fue modificado en dos ocasiones porque resultaba inconstitucional (CooperAcción, 2019).

Peor que la improvisación, resulta el uso del aparato estatal en contra de la población local. Por un lado, resulta alarmante la creciente criminalización de las protestas. La Fiscalía, en Espinar, por ejemplo, ha decidido abrir una investigación por delito de secuestro a comuneros de Urinsaya, quienes protestaban contra el Decreto Supremo N° 017-2017-MTC, que reclasifica parte del Corredor Minero del Sur como Vía Nacional (DHSF, 2020). Otro ejemplo es el de Las Bambas, resuelto recientemente de manera favorable a los comuneros. Hace algunos días se decidió absolver, en un caso que proviene desde septiembre de 2015, a 19 comuneros de Cotabambas, quienes se manifestaron contra el proyecto Las Bambas (La República, 2020). Por otro lado, resulta más que preocupante el hecho de que, mientras el Gobierno central asegura tener la intención de dialogar para solucionar los conflictos, se declare el Estado de Emergencia en esta parte del Corredor Minero del Sur, hecho que se ha venido dando casi regularmente desde algunos años atrás (CooperAcción, 2020). La declaratoria del Estado de Emergencia muestra que el Gobierno no sabe qué hacer, pero recurre a la mano dura para que los distintos casos no se le vayan de las manos. A esto se le suman los ya conocidos convenios entre las fuerzas policiales y las empresas mineras, lo que cuestiona duramente la neutralidad de las autoridades. Afortunadamente, la demanda contra estos convenios será finalmente revisada por el Tribunal Constitucional (Wayka, 2020).

Todo esto refleja que el Gobierno de Vizcarra no tiene muy claro qué hacer en torno a políticas orientadas a las comunidades campesinas, al manejo de conflictos, a las industrias extractivas (específicamente al caso de la minería), etc. El Estado solo buscar ir apagando incendios, a veces con mano dura y otras con palabreos, y tapar los problemas para que estos no afecten su aprobación en las encuestas. Para la actual gestión parece mejor que los que vengan después asuman los problemas del país y corran el riesgo de perder su aprobación. Este Gobierno no se muestra dispuesto a enfrentar dichos problemas. Otro ejemplo de todo esto es Tía María. El Presidente fue claro al decir que “en este Gobierno no va” (RPP, 2020), solo le faltó decir que ya es problema del próximo Gobierno ver qué hace con ese tema. En otras palabras, este Gobierno quiere irse con su alta popularidad y no enfrentar problemas que el Perú requiere que sean enfrentados.

Es cierto que la gestión de Vizcarra se enfrentó duramente al fujimorismo y realizó importantes avances en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, eso no justifica que en otros ámbitos el Gobierno permanezca de brazos cruzados. Las políticas en favor del reconocimiento de derechos a las comunidades campesinas, el ordenamiento territorial, el desarrollo rural, la agricultura familiar, etc., tal vez no le van a generar tantos réditos políticos al Presidente ni le van a dar tanto espacio en los medios de comunicación a nivel nacional. No obstante, es urgente que el Ejecutivo tome cartas en el asunto en un problema de interés nacional.

Por último, es importante señalar que el Estado no debe acordarse de las comunidades solamente ante algún conflicto. Recientes estudios han puesto en evidencia el rol activo de las comunidades y la vigencia de su papel en el espacio rural (Pajuelo, 2019; Urrutia, Remy y Burneo, 2019), por lo que es urgente, a cien años de su reconocimiento, la implementación de políticas públicas enfocadas en ellas. Las comunidades campesinas o nativas son instituciones vivas, dinámicas, protagonistas de los espacios rurales, que pueden ser entendidas como aliadas del Gobierno en la tarea de alcanzar un mejor desarrollo rural, una lucha más efectiva contra el cambio climático y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

Por José Banda

Bibliografía

CooperAcción (2020). Estados de emergencia y criminalización de la protesta. 25 de febrero de 2020. Recuperado de: http://cooperaccion.org.pe/estados-de-emergencia-y-criminalizacion-de-la-protesta/

CooperAcción (2019). Corredor minero de Las Bambas: entre la torpeza y la improvisación. 17 de diciembre de 2019. Recuperado de: http://cooperaccion.org.pe/corredor-minero-de-las-bambas-entre-la-torpeza-y-la-improvisacion/

Defensoría del Pueblo (2020). Reporte de conflictos sociales N°191. Enero 2020. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-191-Enero-2020.pdf

Derechos Humanos sin Fronteras (2020). Así ¡no!, señora fiscal de Espinar. 5 de febrero de 2020. Recuperado de: https://derechosinfronteras.pe/asi-no-senora-fiscal-de-espinar/

La República (2020). Las Bambas: Absuelven a 19 comuneros de Apurímac denunciados por minera. 2 de marzo de 2020. Recuperado de: https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/las-bambas-absuelven-a-19-comuneros-de-apurimac-denunciados-por-minera-mmg-limited-lrsd-protestas/

Noticias SER (2020). Comunidades campesinas: el centenario que nadie recuerda. 19 de febrero de 2020. Recuperado de: http://www.noticiasser.pe/opinion/comunidades-campesinas-el-centenario-que-nadie-recuerda

Pajuelo, Ramón (2019). Trayectorias comunales. Cambios y continuidades en comunidades campesinas e indígenas del Sur Andino. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.

Proactivo (2019). Conozca los 15 proyectos en el corredor minero del sur del Perú. 8 de abril de 2019. Recuperado de: https://proactivo.com.pe/conozca-los-15-proyectos-en-el-corredor-minero-del-sur-del-peru/

RPP (2020). Martín Vizcarra dice que Tía María no va en su gobierno: “No están dadas las condiciones”. 29 de enero de 2020. Recuperado de:  https://rpp.pe/politica/gobierno/tia-maria-martin-vizcarra-dice-que-proyecto-minero-no-va-en-su-gobierno-no-estan-dadas-las-condiciones-noticia-1242550

Urrutia, Jaime; Remy, María Isabel; y Burneo, María Luisa (2019). Comunidades campesinas y nativas en el contexto neoliberal peruano. Lima: IEP y CEPES.

Wayka (2020). TC revisará demanda contra convenio de minera Glencore con PNP. 2 de marzo de 2020. Recuperad de: https://wayka.pe/tc-revisara-demanda-contra-convenio-de-glencore-con-pnp/?fbclid=IwAR2Pt93h6Xj9KI1uasRLj0VwitWvzSsBmCVSUBCi0rRD9B2eC2uvNO5tT04