HETERODOXIA

En marzo del 2019 el presidente Vizcarra llevó adelante el primer cambio significativo de su gabinete luego de aproximadamente un año de gobierno. El cambio de primer ministro era entonces presentado como parte de un giro liberal en medio del mar poco calmo de la política peruana de esos días. Han transcurrido cerca de doce meses, el parlamento conservador fue cerrado y el Ejecutivo desde entonces ha gobernado por decreto.

Salvador Del Solar asumió en marzo del 2019 la Presidencia del Consejo de Ministros, su asunción fue acompañada de expectativas en algunos sectores de Lima sobre todo en los distritos mesocráticos del suroeste de la ciudad que veían en él la encarnación de cierto modernismo liberal que se distanciaba del viejo conservadurismo del Congreso de entonces. Sin embargo, en los días como primer ministro, Del Solar  tuvo poca iniciativa y audacia propia. El nuevo gabinete había recibido el encargo de llevar adelante iniciativas que devenían del Referéndum de diciembre del 2018: principalmente la reforma política. Del Solar —asediado por las presiones de la Confiep que en esos meses presentaba al país u­­n documento de propuestas y con las expectativas pendientes de sectores de ciudadanos— fue preso de una serie de indefiniciones que al poco tiempo llevaron al ocaso el entusiasmo inicial que despertó. La vocación política del gobierno de Vizcarra y Del Solar por el apaciguamiento y las indefiniciones tuvieron su pico cuando en momentos de alta tensión con el Congreso conservador replegaron posiciones en vez de avanzar. Se hizo evidente en julio último cuando el parlamento aprobó una serie de reformas recortadas, deformadas y poco trascendentes y se hizo repetitivo dos meses después cuando los conservadores mandaban al tacho la propuesta de adelanto de elecciones. La actitud fue siempre buscar conciliar hasta el último minuto.

El último día de septiembre el presidente peruano, entre el fuego conservador y la presión de las calles, se vio obligado a cerrar el parlamento, recomponer su gabinete y convocar a nuevas elecciones congresales. Asumió la Presidencia del Consejo de Ministros el hasta entonces ministro de justicia Vicente Zeballos. El nuevo primer ministro prometía más que su antecesor; forjado políticamente en el sur parecía tener una mirada algo más amplia sobre el país más allá de la estrechez neoliberal. Asumía el gabinete con un parlamento que acababa de ser cerrado en medio de las celebraciones en las calles.

Han transcurrido desde entonces cerca de cinco meses donde el Ejecutivo gobierna sin un Congreso que siga sus acciones. El presidente Vizcarra y su socio político y primer ministro Zeballos en este tiempo han destacado en nada. Luego de cerrado el congreso conservador, quedando el escenario propicio, no ha habido en este tiempo alguna iniciativa importante. Los decretos que ha emitido el Ejecutivo se han reducido a intentar destrabar la burocracia estatal para acelerar la inversión pública, prorrogar exoneraciones tributarias o ampliar regímenes laborales abusivos como el referido a la agroexportación. Nada sustancial, ni destacable para el país que reclama cambios.

Ni el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que bien pudo haber sido la bandera del primer ministro, ha sido recuperado del olvido. Este plan, aprobado en el gobierno de Humala, aún defectuoso y con limitaciones pone sobre la mesa un tema central de cara al futuro del país: industrializar y diversificar la economía peruana. Sin embargo, está fuera del radar del Ejecutivo.

Así también, en la educación superior, el gobierno ha tenido la posibilidad, estos meses, de dar una solución firme al problema de los mercaderes de la educación y las corruptelas en las gestiones universitarias. La educación universitaria entre otras cosas tiene tres problemas urgentes: 1) El lucro, 2) Corrupción y 3) Desconectada de la realidad. ¿Por qué muchas universidades no lograron licenciarse? Porque su fin es el lucro, y desde que la dictadura de Fujimori les abrió las puertas no han hecho otra cosa que aprovecharse de los sueños de los jóvenes y sus familias. A los últimos gobiernos no les interesó las universidades públicas, éstas abandonadas y desconectadas de un proyecto-país que le dé sentido a sus programas educativos han sido tomadas por corruptos. Al no crecer y más bien estancarse la educación pública los mercaderes de la educación reinaron sin control. Hoy la educación requiere una revolución profunda. Hay un problema concreto de más de 165 mil estudiantes que están en la incertidumbre de quedarse sin estudiar y perder lo ya avanzado y el gobierno ha respondido, teniendo todas las facultades, con una iniciativa de tres mil becas para reubicar a los jovenes.

Estos últimos días se ha desatado una ola de renuncias en el Ejecutivo a raíz de escándalos que involucran asesorías pasadas, puertas giratorias, reuniones, sospechas, etc. de varios ministros con la empresa Odebrecht, protagonista del caso Lava jato. No es la primera renuncia en los últimos meses, pero dado en este contexto, a días de instalarse el nuevo Congreso, evidencia la falta de rumbo y la debilidad del gobierno. Vizcarra, siguiendo a los liberales, sigue optando por no ser ni chicha ni limonada, es decir, en estos casi cinco meses ha dejado al país en piloto automático una vez más.

Apuntes post comicios

Los recientes resultados electorales del 26 de enero han causado cierta sorpresa en el ambiente de acelerada decadencia de la clase política. Las expectativas luego del cierre del congreso parecen haberse quedado en el camino en medio de un proceso característicamente frío y distante. No en tanto persiste la crisis nacional y la disputa por el futuro de este país andino.

Una de las cosas llamativas de los resultados de las congresales del 26E es la persistencia de una voluntad anti status quo que en sus diferentes matices suman alrededor de un tercio de la votación valida; una segunda, la caída electoral de las organizaciones que lideraron el último parlamento conservador, el fujimorismo y el Apra; una tercera, la irrupción de fuerzas nuevas que expresan el desencanto a la clase política; y por último, la factura que pasa a las organizaciones antineoliberales y anticapitalistas por no articularse políticamente y por no llevar adelante los planes formulados luego de los resultados del 2016. No hay, sin embargo, espacio para el pesimismo, sí para la voluntad.

Por Víctor Cárdenas