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Por Víctor Cárdenas

Hace varios años que desde opinologos y diversos medios de comunicación venimos escuchando que la situación política de Venezuela es la de un pueblo que tiene como gobierno a una dictadura. Sin mayores argumentaciones ciertos medios han repetido una y otra vez dicha idea sin siquiera dar espacio a opiniones en sentido contrario que permitan contrastar lo que afirman.

A esas corrientes de opinión, o mejor dicho de prejuicios y calificativos, se han adherido las diversas élites de nuestra región de manera unánime. En ese sentido han contribuido a reafirmar los calificativos y a partir de ellos sostener una serie de acciones diplomáticas destinadas a aislar al país. Han apoyado también  las acciones unilaterales como las del bloqueo que los Estados Unidos vienen implementando sobre la economía venezolana afectando directamente en las condiciones de vida de los ciudadanos.

El proceso de cambio del pueblo venezolano por construir una sociedad que supere las desigualdades y diferencias, propias de sociedades de democracias neoliberales ha tenido una historia que no ha estado libre de dificultades. Desde la profunda crisis social y política de la que emergió el proyecto bolivariano hasta los días más recientes no han estado libres de problemas con sectores políticos conservadores que a lo largo de todos estos años han ensayado golpes de estado, magnicidios, boicots petroleros, sublevaciones militares, violencia y terror callejero, destrucción de infraestructura pública, entre otras acciones con la intención de traerse abajo el proceso bolivariano que el pueblo de Venezuela viene sosteniendo.

De este modo es que Venezuela vive un clima de polarización política que en los últimos años se agudizó. Con una oposición venezolana dirigida por los sectores más ultras los intentos por llegar a acuerdos políticos que permitan canalizar las diferencias por las vías democráticas no han sido posibles. A inicios del 2018 luego de una ronda de diálogos a lo largo de varios meses y mediadas por personalidades políticas, como la del expresidente español Rodríguez Zapatero, la oposición se negó a firmar los acuerdos productos del dialogo. Y es que esa oposición no tiene como objetivo una salida democrática a la crisis política venezolana, a decir verdad su historial demuestra el poco apego e interés hacia la democracia.

El parlamento del 2016 con la mayoría opositora desde el primer día actuó destructivamente. Una especie de fujimorismo parlamentario exacerbado, clasista y antidemocrático. Su objetivo no era hacer labor parlamentaria sino en conspirar para traerse abajo la constitución de 1998 que odian tanto como los fujimoristas defienden la constitución fujimorista de 1993. De este modo intentaron saltar cualquier tipo de contrapeso de poderes establecido en el Estado venezolano acusando a todos de ‘chavistas’. Su actitud los llevo al desacato cuando hicieron juramentar a tres candidatos al parlamento que por irregularidades debían repetir la votación pero la oposición se negó y los juramentó. Usaron, a la mejor usanza fujimorista, el parlamento para desestabilizar y parar al país. Una oposición con sus propias Vilcatomas, Becerriles, Mamanis, Galarretas y Kenjis en versión caribeña.

Sin embargo es de notar que esa oposición venezolana, a diferencia del fujimorismo, es una coalición de diferentes sectores, que van desde los ultras que han promovido el terror y pedidos de una intervención militar extranjera; hasta amplios sectores que a partir de descontentos y diferencias con el PSUV se ubican en esta distancia política pero  apuestan porque las diferencias se resuelvan de manera pacífica y democrática.

Es necesario que Venezuela supere sus actuales problemas y se reafirme a nuestro continente como región de paz, sin ninguna duda. Y –como aspiración constante de la democracia– ésta tiene que ser en clave de superación y  consenso de los ciudadanos. La crisis económica ha puesto por delante el reto de construir sostenidamente una nueva economía, superadora de la herencia rentista, que se base en asociaciones colaborativas de los trabajadores que son quienes producen las riquezas de los países. Hacerle una opción real, local y sostenible a los grandes monopolios.

La crisis política ha planteado el reto de una nueva arquitectura de la democracia. Las democracias tal como hoy las conocemos tienen serios problemas en el mundo; y si se trata de construir democracias enfocadas a superar los problemas que hoy la humanidad atraviesa necesitamos más democracia, por lo que necesitamos hacer cambios integrales a los Estados y sus poderes. Una arquitectura donde los parlamentos expresen al conjunto de la sociedad por ejemplo. A modo de provocar la discusión, en algún momento el auroreal APRA proponía la creación de la figura del Congreso Económico Nacional como parte de una nueva arquitectura Estatal.